The best Side of Extradición México Países Bajos
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Más allá de los grandes instrumentos jurídicos en materia de delitos y crímenes internacionales en los que se establece la obligación de los Estados de perseguir, sancionar o extraditar a los responsables individuales de tales conductas, la comunidad internacional aún carece de un instrumento jurídico de carácter mundial en materia de extradición; los pasos más importantes al respecto se han dado en el ámbito regional mediante la adopción de la Convención Interamericana de Extradición de 1933 y de la de 1981, y el Convenio Europeo de Extradición de 1957.
La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.
La etapa de inicio de la extradición se inicia cuando el Estado requirente presenta una solicitud formal de extradición al Estado requerido.
La falta de tratado de extradición dificulta la entrega de los delincuentes a la justicia, ya que no existe un marco authorized que permita su entrega a otro país para ser juzgados o castigados.
La extradición en México es el procedimiento mediante el cual un país solicita a México la entrega de una persona que se encuentra en territorio mexicano para ser juzgada o cumplir una condena en el país solicitante.
Asimismo, es de destacar el quehacer de la Interpol en la persecución, detención y traslado de delincuentes, y el cada vez mayor número de convenciones internacionales en materia penal que han sido suscritas con el fin de reforzar y ampliar la lucha contra la delincuencia internacional.
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* Al meditar sobre estos criterios reporté que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto criminal argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción universal", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación weblink que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.
¿Cómo afecta la falta de tratados de extradición a la lucha contra la delincuencia transnacional?
La información sobre los tratados de extradición entre países puede encontrarse en línea en sitios web gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que se especializan en asuntos legales y de justicia.
La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.
Para que se pueda llevar a cabo una extradición en México, deben cumplirse una serie de requisitos, Check This Out como los siguientes: Que la persona solicitada se encuentre en el territorio mexicano
Para que una solicitud de extradición a México sea procedente, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. En primer lugar, la persona a extraditar debe ser acusada de un delito que sea punible tanto en el país solicitante como en México.
A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a have a peek here que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia universal marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.